Unificar criterios en el ámbito nacional facilitará el combate a la corrupción: Secretaria de la Función Pública

Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública del gobierno estatal, dijo que unificar criterios para tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa facilitará el combate a la corrupción desde las instituciones gubernamentales.

Lo anterior, durante el Segundo Encuentro entre Áreas Investigadoras y Substanciadoras de Contralorías Estatales, en el que participó personal jurídico de 27 estados de la República Mexicana, y que forma parte del programa anual de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), cuyo objetivo es intercambiar las mejores prácticas para el combate a la corrupción.

La funcionaria recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas permite presentar denuncias anónimas y contempla que las autoridades investigadoras apliquen técnicas para determinar la existencia de una o más faltas administrativas y su calificación.

Aidé Herrera Santana, secretaria de la Contraloría General de Nayarit y coordinadora regional Centro-Occidente de la CPCE-F, indicó que el país necesita de un trabajo serio y coordinado para implementar cambios en materia anticorrupción, que se traduzcan en una mejora clara para los ciudadanos.

En su oportunidad, Fernando Martínez García, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP Federal, reiteró el apoyo a los estados para combatir esta problemática y los desafíos que representa el combate a la impunidad.

Las áreas investigadoras y substanciadoras contribuyen a determinar la ocurrencia de actos u omisiones graves realizadas por servidores públicos estatales, las cuales puedan concluir en sanciones de acuerdo a lo señalado en los sistemas Anticorrupción Nacional y Estatal, así como en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

Durante la reunión firmaron el Convenio de Colaboración entre la SFP de Zacatecas y la Contraloría de Yucatán, en materia de Contraloría Social, para aprovechar la unidad certificadora avalada en el ámbito nacional con que cuenta el gobierno estatal.